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Los docentes que quedaron fuera de la carrera

El 10% de los docentes del país no podrán acceder a la totalidad de las nuevas rentas de la Carrera Docente




Antes de ir al análisis, repasemos algunos conceptos:


Docentes fuera de aula


El Estatuto Docente identifica como profesionales de la educación a quienes realizan funciones docentes directivas (director), funciones técnico-pedagógicas de apoyo (coordinadores de ciclo, jefes de departamento, inspector general, entre otros) y la función de aula (el docente que imparte clases). Todos quienes se rigen por el mencionado cuerpo normativo.


Como es de esperar no todos los profesionales de la educación imparten clases, comenzando por el director, esto debido a que existen otras labores propias de la gestión escolar que demandan un cierto número de docentes fuera de aula.


¿Cuántos son?


Según datos entregados por el Ministerio de Educación, para el año 2017 los docentes que se desempeñaban en establecimientos que reciben aportes del Estado, y que por lo tanto deben acogerse a la Carrera Docente, eran 254.320, de los cuales 25.270 desempeñaban el 100% de sus horas de contrato fuera del aula.


¿Donde trabajan estos 25.270 docentes?




Evaluación e incentivos económicos


Dentro de otras modificaciones, la ley de Carrera Docente aumentó el piso mínimo desde donde comienzan las remuneraciones de los recién egresados y adicionalmente estableció un modelo que aumenta las rentas en virtud de dos grandes variables; antigüedad y evaluación.


¿Y donde está la dificultad?


En que el modelo de evaluación docente solo está diseñado para los profesionales de la educación que imparten clases, dejando por lo tanto sin opción de evaluación a los 25.270 docentes del país que realizan sus funciones fuera del aula y que por consecuencia no realizan clases.

Si no imparten clases, no se evalúan.

Hagamos una evaluación de impacto


Primero, a nivel individual


Para entender la magnitud de la situación, vamos a maximizar las variables:

(caso real)

Un docente de un colegio municipal de la ciudad de Temuco tiene 15 bienios, 44 horas de contrato y actualmente esta encasillado en el Tramo Acceso, que para efectos de remuneraciones considera los valores mas bajos.


Como las funciones de este docente se desarrollan fuera del aula deberá permanecer siempre en tramo acceso, no obstante si impartiera clases podría optar a la evaluación, en cuyo caso podría (dependiendo del resultado de su evaluación) acceder al Tramo Experto II.


Sus rentas en ambos escenarios serian las siguientes:

$ 1.224.418 $2.151.599


La diferencia mensual entre ambas rentas es $927.181, pudiendo incluso llegar a $1.112.617 si el docente se desempeña en un establecimiento de alta concentración de estudiantes prioritarios.


Si mientras mira este gráfico usted está pensando "pero los docentes directivos reciben asignaciones por responsabilidad" déjeme sacarlo de esa ilusión al contarle que estas asignaciones fluctúan entre el 15% y el 100% de la remuneración básica mínima nacional, que para el ejemplo anterior corresponderían a $89.344 y $595.628 respectivamente, los que en ningún caso igualan los $927.181 de diferencia que establecimos previamente.


Ahora veamos a nivel nacional


En promedio, los 25.270 docentes que no pueden evaluarse podrían perder la opción de incrementar sus rentas hasta en $538.000 mensuales, con la siguiente distribución:


¿Y que efectos puede traer esta situación?


Lo primero y mas importante, la frustración (justificada) de todos esos docentes, que escucharon por largo tiempo las promesas de un mejor sistema de remuneración, sin que nadie les aclararan que ellos no estaban incluidos, por otra parte no debemos olvidar que estos docentes son en su mayoría quienes conforman los equipos directivos de los colegios y por lo tanto su nivel de impacto en la gestión escolar es significativa.


Si esto persiste en el largo plazo, provocará que todos los docentes quieran realizar labor de aula, desincetivando la carrera directiva.


Adicionalmente como efecto colateral, son varios los docentes que están en esta situación y que han considerado volver a realizar clases para ser incluidos en la evaluación, pero esta medida oculta riesgos que se deben tener en cuenta. Piense por un momento en un médico que lleva más de 20 años sin hacer cirugías por que esta dedicado a la investigación y por asuntos ajenos a él debe regresar al quirófano. ¿Cuál será su grado de experticia? ¿Conocerá los nuevos protocolos quirúrgicos? ¿Cuáles serán sus resultados?


Lo mismo ocurre con los docentes, muchos de ellos llevan muchos años fuera del aula, especializándose en labores que sin lugar a dudas son necesarias para el funcionamiento de los establecimientos; gestión directiva, curriculum, evaluación, nuevas metodologías, entre otros. ¿Es justo que ahora se les obligue a volver al aula sólo para acceder a la evaluación?


¿Nadie se dio cuenta de esto?


Al leer la historia de la ley es posible verificar que parlamentarios como Felipe Kast, Romilio Gutierrez e Ignacio Walker identificaron esta situacion y la presentaron en distintas etapas del proceso legislativo, no obstante el Ejecutivo respondió una y otra vez que no era posible abordar a los directivos, y que para ello se enviaría un proyecto de ley que regularía este punto, el que claramente nunca se envío.



Corolario


Sin ser experta en los procesos legislativos, creo que debiese existir una obligación moral al momento de sentarse a diseñar una ley para el ámbito educacional, y es hacerse siempre la siguiente pregunta:


¿Cómo esta ley aporta (o dificulta) en la mejora de la calidad de la educación del país?

Al parecer en este caso nadie se detuvo a pensar los efectos de esta desigualdad en los ambientes laborales al interior de los colegios, en la motivación de los docentes que se han visto afectados y en los incentivos perversos que esto genera en el corto plazo.










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