UA-116762982-1 Proyecto Aula Segura
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  • Yalile Said

Proyecto Aula Segura

¿Qué trae de nuevo?

#normativaeducacional #aulasegura

El proyecto de Ley “Aula Segura”, ha nacido como respuesta a la necesidad de fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles, al menos en la teoría, expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.

Pero, en definitiva, ¿Qué nos trae de nuevo este proyecto de Ley?

En primer lugar, hay que tener presente que la normativa educacional actual establece que para que sea plausible aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula es necesario:

  1. Que las causales de aplicación de la medida se encuentren previa y claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento.

  2. Que la conducta que dé lugar a la aplicación de la medida sea de aquellas que afectan gravemente a la convivencia escolar.

  3. Que la aplicación de la sanción se dé en el marco del debido proceso y de un justo y racional procedimiento, garantizando al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado el derecho a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

Así, a la luz del artículo 6, letra d) párrafo 10 de la Ley de Subvenciones, tenemos que, en el procedimiento para la adopción de la expulsión o la cancelación de la matrícula de un estudiante, se deben contemplar al menos dos instancias claramente diferenciadas: Una que asegure el derecho del estudiante a presentar sus descargos y medios de prueba que estime pertinentes y, otra, que garantice el derecho de solicitar la reconsideración de la medida.

En este sentido es que, actualmente, la aplicación de la medida disciplinaria en cuestión les toma a los directores de los colegios, en promedio, un período de 25 a 30 días desde que comienza el procedimiento de adopción hasta que ésta se hace efectiva, durante los cuales el alumno que ha cometido el hecho de violencia permanece dentro del establecimiento en contacto con quienes se han visto dañados a raíz de sus conductas.



El proyecto de ley pretende realizar una modificación al artículo 6 letra d) del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, mediante la cual se simplifique el procedimiento, reduciendo el plazo en que el estudiante afectado y su padre, madre o apoderado tienen para solicitar la reconsideración de la aplicación de la medida (etapa b de la imagen), de 15 a 5 días desde su notificación escrita hecha por el Director, y permitiendo a su vez llevar a cabo los efectos de la sanción a partir del momento de su aplicación, sin necesidad de esperar a la resolución de la reconsideración; todo ello en dos hipótesis en particular, a saber:

  1. “Uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento educacional o sus inmediaciones, de aquellas armas previstas en las letras a), b), c), d), e) y h) del artículo 2º del decreto Nº 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley Nº17.798, Sobre Control de Armas, o de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles y otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov y otros artefactos similares.”

  2. “Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.”

Entonces, ¿Cuáles son las efectivas herramientas que entrega este proyecto de ley a los directores de establecimientos educacionales? En la práctica, son sólo dos:

En las circunstancias tipificadas en el proyecto, y sólo en esas hipótesis:

  1. Se hace una reducción del plazo para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento, a saber, la solicitud de reconsideración de la medida, de 15 a 5 días. Esto significaría que, un procedimiento que normalmente tiene una duración de 30 días en total, se reduzca a 15días, en promedio.

  2. La interposición de la solicitud de reconsideración de la medida no suspende los efectos de la sanción aplicada. Esto permite que sea posible separar al estudiante afectado del resto de la comunidad educativa, sin perjuicio de lo que finalmente se decida luego de la reconsideración solicitada.

Sin embargo, a nuestro juicio, pareciera ser que el proyecto de ley ha olvidado un presupuesto esencial del artículo que pretende modificar: la existencia de dos instancias para que haya lugar a la expulsión o cancelación de la matrícula, presentación de descargos (etapa a de la imagen) y reconsideración de la medida (etapa b de la imagen). Dado que la ley es expresa al hacer dicha distinción, la eficacia de la modificación introducida se ve minimizada en la práctica, puesto que el período de tiempo que se reduce es sólo el de la solicitud de reconsideración, la cual, dicho sea de paso, es eventual, y nada modifica respecto del periodo en que el estudiante puede presentar sus descargos y medios de prueba. Lo mismo sucede con la no suspensión de los efectos de la medida a pesar de la solicitud de reconsideración, puesto que sólo procede respecto de esa instancia: el alumno permanece en el establecimiento desde el inicio del procedimiento de aplicación de la medida, durante la presentación de descargos y medios de prueba, hasta la resolución por parte del director respecto a la aplicación de la sanción, es decir, al menos durante la mitad del tiempo que dura el procedimiento.

Si quisiera hacerse una real modificación a la normativa actual, debió haberse tomado en consideración el plazo que los colegios deben contemplar en sus reglamentos para la oportunidad en que el estudiante afectado pueda presentar sus descargos y hacer valer los medios de prueba que estime convenientes, en tanto, el período que debe durar dicha etapa no se encuentra limitado en la ley y así, queda entregado a la discrecionalidad de los colegios, entendiendo que siempre se debe garantizar el derecho a defensa de los involucrados entregando un plazo prudente para hacerlo valer. Entonces, el proyecto queda “corto” por cuanto no tiene la eficacia que pretende, al dejar uno de los plazos sin limitación específica, tiempo durante el cual el alumno afectado permanece dentro del colegio. ¿Se logra entonces fortalecer las herramientas de los directores frente a hechos graves de violencia? Creemos que queda mucho aún por realizar.

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