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Suspensión, Tres caras de la misma moneda.



Luego del cambio de paradigma que nos ha hecho pasar de un modelo en que se veía a los niños, niñas y adolescentes como entes que sólo necesitaban de cuidado y protección, a un modelo en que se considera a los niños como sujetos de derechos, se ha hecho necesario el acercamiento del mundo jurídico al mundo escolar, haciendo uso de las herramientas, elementos, etapas y garantías propios de los procedimientos llevados a cabo ante órganos jurisdiccionales.

El procedimiento de aplicación de sanciones en el contexto educativo no ha quedado ajeno a este cambio y es en este punto en donde se han generado una serie de roces e inconvenientes prácticos que han hecho de algunas medidas disciplinarias, acciones ineficaces. En particular, la suspensión, entendida como aquella medida que consiste en separar al estudiante de las actividades académicas durante un período determinado de tiempo, se ha visto bastante afectada en su eficacia en atención del cumplimiento de los plazos y etapas de un debido proceso.


Así es como luego del análisis de la normativa vigente, es plausible indicar que existen tres caras de la suspensión, las que serán aplicables dependiendo de las características propias de los casos concretos en que sea necesarias. En primer lugar, tenemos a la suspensión como medida disciplinaria, que es la forma en que es más conocida y usada hoy en día dentro de las comunidades educativas. Al aplicarse como una sanción, la suspensión además de tener un carácter formativo, resulta una imposición al estudiante que ha cometido una falta de manera tal que logre hacerse consciente y responsable de las consecuencias de sus actos. Cuando la suspensión es utilizada como sanción, necesariamente debe tener lugar en el marco del debido proceso y de todas las etapas de un justo y racional procedimiento y, por tanto, requiere de un tiempo prudente para dar cumplimiento a dichos pasos. Se aplicará en este sentido cuando un estudiante haya cometido alguna falta o contravención a las normas establecidas en el reglamento interno del establecimiento al que pertenece.


Luego, conocemos la suspensión como medida de apoyo pedagógico y /o psicosocial y, en este caso, debe entenderse la suspensión como una medida de carácter esencialmente formativo y voluntario, a través de la cual se pretende dar resguardo al interés superior del estudiante afectado y de los demás miembros de la comunidad educativa. Puede tener lugar en casos de connotación sexual en los que lo más adecuado sea separar al o los estudiantes involucrados de la actividad escolar durante un tiempo prudente en el que se prepare a la comunidad educativa para abordar la situación en particular.


En tercer lugar, y como una nueva mirada de esta medida a propósito de la discusión que se ha suscitado en relación con el proyecto de ley “Aula Segura”, tenemos la suspensión como medida cautelar. Una medida cautelar es aquella que tiene como finalidad resguardar el eventual resultado de un procedimiento mientras se resuelve el asunto. Al considerar la suspensión como una medida cautelar sería posible separar al estudiante de la jornada escolar mientras se esté llevando a cabo un procedimiento sancionatorio en su contra, siempre que sea necesario y las condiciones particulares de la situación lo ameriten. El mejor ejemplo para esta situación se da en los casos de expulsión de un alumno, a raíz de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, casos en los cuales podría aplicarse la medida cautelar de suspensión durante el tiempo que medie entre el inicio del procedimiento y su resolución, y de esta forma no caer en un vicio del proceso asociado a la aplicación de una doble sanción.


Dicho esto, es menester hacer énfasis en que en conformidad con la legislación vigente, los establecimientos educacionales tienen potestad disciplinaria respecto de sus estudiantes, en virtud del artículo 6 letra d) inciso 3 del DFL Nº2 del Ministerio de Educación de 1998, por lo que la acción de los directores y los encargados de aplicar las sanciones dentro de los colegios se sujeta a las normas establecidas en sus reglamentos internos, limitándose sólo por los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria y la normativa educacional vigente. Así, la tarea de fiscalización de las autoridades correspondientes, como la Superintendencia de Educación, sólo puede referirse a la forma de los procedimientos aplicados y no al fondo, entendiendo que ello está dentro de la discrecionalidad de cada comunidad educativa materializada en las normas de comportamiento contenidas en los manuales de convivencia escolar de cada uno de los establecimientos educacionales del país.

De lo anterior es posible concluir:


1. Que la suspensión puede ser considerada indistintamente:

          a. Sanción

          b. Medida de apoyo pedagógico y/o psicosocial

          c. Medida cautelar

Siempre que se encuentre debidamente señalado en el Reglamento Interno del establecimiento


2. La Superintendencia de Educación debe respetar la potestad disciplinaria del establecimiento educacional, por lo que solo puede revisar la forma en la aplicación de la suspensión (que el procedimiento haya sido bien aplicado) y no el mérito de la misma.


Desde Incoorpora creemos que, dada la nueva relación entre el mundo jurídico y el escolar, es imperioso que los establecimientos educacionales conozcan en profundidad sus derechos y facultades en el ámbito de la aplicación del Manual de Convivencia Escolar, de esta forma podrán transformar este instrumento en un aliado para la gestión escolar.

Respondiendo a esta necesidad hemos dado inicio a los seminarios regionales en normativa educacional, revisa más información en www.incoorpora.cl/seminarios

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